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sábado, 17 de septiembre de 2011

LA INCOMPATIBILIDAD DE EJERCER ACTIVIDADES PRIVADAS DURANTE EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA: EL CASO DE LA MINISTRA DE CULTURA SUSANA BACA ¿MINISTRO O CANTANTE?

El gobierno de Ollanta Humala ha decidido nombrar como ministra de Cultura a la señora Susana Baca, una destaca cantante y compositora, que hasta hace poco nunca tuvo participación política o notoria gestión en los asuntos del Estado. 

La elección de la mencionada artista –como de cualquier otra persona- en un alto cargo político revela la capacidad de Humala como gobernante y como estratega en la selección de su nuevo gabinete. La importancia de la elección merece ser analizada,  porque involucra a fin de cuentas a dos personas: al gobernante y al ministro, y el hecho trasciende aún más, debido a su profunda significación en la hora actual en donde está de por medio el cumplimiento de las promesas electorales, la lucha contra la corrupción, la reforma y modernización del Estado, etc.

Hace más de cinco siglos Nicolás Maquiavelo en “El Príncipe” escribía la siguiente recomendación para Lorenzo de Médicis: “No es de poca importancia para un príncipe la elección de los ministros, los cuales son buenos o no según la prudencia del príncipe. La primera conjetura que se hace sobre el talento de un príncipe es ver los hombre que tiene alrededor; cuando son suficientes y fieles, siempre se le puede considerar inteligente, porque ha sabido conocerlo bastante bien y mantenerlos fieles; pero, cuando sean de otro modo, siempre se puede formar sobre el un juicio poco favorable: pues, el primer error que comete, lo comete en esta elección” ([1]).

En efecto, la sabiduría y prudencia del gobernante en la elección de sus ministros se pone a prueba y durará por el lapso de todo el periodo presidencial. Manuel Vicente Villarán, el prestigioso jurista peruano de principios del siglo pasado escribió su magnifica monografía titulada “Posición Constitucional de los Ministros en el Perú” ([2]), parece haberse anticipado a los eventos que suceden tan frecuentemente en la política peruana, como lo es la designación de advenizos en los asuntos públicos, así sostiene:

 “En la extensa lista de centenares de ciudadanos que han sido Ministros, es escaso el número de los que demostraron talento político o pericia en la especialidad de su ministerio. Fueron designados sin averiguar ni tomar en cuenta sus aptitudes para la función. Llegaron así a los Gabinetes buen número de personas que no sabían  ni podían aprender gran cosa sobre los negocios públicos a su cargo” ([3])

Apenas se cumplirán dos meses de haber asumido la jefatura de Estado y Humala podría enfrentar su primera crisis ministerial, su Ministra de Cultura ha abandonado su cartera para dedicarse a sus actividades artísticas en el extranjero.

Este hecho merece ser ahora analizado a la luz de la normatividad. ¿Es legal el comportamiento de Susana Baca?
 
El Artículo 126° de la Constitución Política señala:

“Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, y consta en acta.

Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa.

Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

La prohibición constitucional aplicable a Susana Baca se encuentra en el tercer párrafo del referido artículo, “no puede ejercer actividad lucrativa”. Resulta pues, inadmisible que el máximo funcionario de un sector de la Administración Pública se dedique paralela o simultáneamente a sus asuntos privados percibiendo una doble remuneración: la que percibe como ministro y como agente particular.

La norma constitucional es similar a la enunciada en el artículo 219 de la Constitución de 1979, Marcial Rubio y Enrique Bernales al comentar dicho precepto señalaban entonces:

“Salvo esa excepción (se refieren a la función legislativa) lo Ministros no pueden ejercer actividad lucrativa, ni intervenir, directa ni indirectamente, en la dirección o gestión de empresa ni asociación privada. La medida tiene un carácter preventivo y se inspira en la necesidad de garantizar la moral administrativa evitando los peculados, la corrupción y el enriquecimiento ilícito. De modo complementario ha debido establecerse la obligación de la declaración jurada antes y después del cargo, la prohibición de obsequios y de percepción de comisiones” ([4]).

La señora Baca debería renunciar inmediatamente al cargo de ministro, de lo contrario, podría ser acusada constitucionalmente por infracción a la Constitución.

El gesto que realiza la señora Baca –en la Política importa también las apariencias- afecta a la imagen del Gobierno, pues, le resta seriedad y con su proceder demuestra desprecio o ignorancia por la designación ministerial. Además de la evidente infracción constitucional, el proceder de la señora Baca trasgrede los siguientes dispositivos legales:

El Reglamento del Decreto Legislativo Nº276 aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM:

Artículo 131.- Los funcionarios y servidores deben supeditar sus intereses particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la autoridad competente en relación a las necesidades de la colectividad.


La Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815:

Artículo 8.- Prohibiciones Éticas de la Función Pública
El servidor público está prohibido de:
1. Mantener Intereses de Conflicto
Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y funciones a su cargo.

Ergo, no quisiéramos anticipar el futuro, pero, la presencia de Baca es ya un lastre para el gobierno de Humala, un flanco débil que la oposición atacará. El actual proceder de Baca  y su designación ministerial constituyen ya  un gravísimo error, una mala elección que hizo el gobernante, idem, un pésimo ejemplo que muestra la señora Susana Baca, dado que,  su proceder es contrario e incompatible con la función pública que está al servicio exclusivo de la Nación  y del Estado.

La señora Baca tiene vocación de cantante, pero ... no tiene vocación de servicio público al Estado.



[1] MAQUIAVELO, Nicolás. “El Príncipe” Trad. De Angeles Cardona Editorial Bibliotex Barcelona España  Capítulo XXII “De los secretarios que los príncipes tienen a su lado” p.109
[2] VILLARAN, Manuel Vicente. “Posición consitucional de los Ministros en el Perú” Editorial Cuzco S.A. Editores Lima-Perú 1994
[3] Ob. Cit. p.68
[4] RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES BALLESTEROS Enrique. “Constitución y sociedad Política” Mesa Redonda Editores Lima Perú 1983 p.380
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EsSalud: denuncian que funcionarios apristas gastaron S/. 205 millones sin sustento

 Diario La República Vie, 16/09/2011 

El presidente ejecutivo de EsSalud, Álvaro Vidal Rivadeneyra, afirmó que la “corrupción de los funcionarios apristas” de la mencionada institución llegó al extremo de disponer de más de 205 millones de soles de la Reserva Técnica de EsSalud, sin contar con el debido sustento técnico.

Asimismo, mencionó las graves irregularidades cometidas en el quinquenio aprista, período en el cual “hubo adquisiciones sobrevaloradas de equipos médicos, pagos indebidos de indemnizaciones y se firmaron contratos de servicios con empresas privadas, que son lesivos al patrimonio de EsSalud”, según informaron mediante un comunicado.

Como un ejemplo, mencionaron los casos de una empresa constructora que ganó la licitación para la ejecución del proyecto de inversión “Nuevo Hospital Pisco” por 33 millones de soles, que se hizo sin cumplir con los requisitos establecidos en los términos de referencia.

El doctor Vidal dijo que ante esta situación, la nueva administración ha dejado en suspenso 11 contratos por considerarlos lesivos a la institución.

Asimismo, el órgano de control de EsSalud también encontró una serie de deficiencias en los procesos de selección realizados durante los años 2006, 2007 y 2008, para la adquisición de válvulas aórticas y mitrales por más de dos millones 922 mil nuevos soles.

Por todo ello y de manera unánime, los miembros de este grupo de trabajo acordaron constituirse en comisión investigadora, con un plazo de 120 días para revisar los presuntos ilícitos cometidos en EsSalud durante el segundo gobierno del ex presidente Alan García.

FUENTE:
http://www.larepublica.pe/16-09-2011/essalud-denuncian-que-funcionarios-apristas-gastaron-s-205-millones-sin-sustento


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domingo, 11 de septiembre de 2011

Plazo de prescripción del amparo contra resoluciones judiciales es de 30 días.

TC RECORDÓ QUE EL PLAZO PARA INTERPONER DEMANDA DE AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL FIRME VENCE A LOS 30 DÍAS DE LA NOTIFICACIÓN DEL “CUMPLASE LO DECIDIDO”

El plazo para interponer un proceso de amparo contra una resolución judicial firme concluye 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido, recordó el Tribunal Constitucional, al declarar infundada la demanda contenida en el Expediente Nº 04067-2010-PA/TC.

El Colegiado precisó que sin entrar al fondo del asunto, desestimó la demanda porque fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44º del Código Procesal Constitucional, pues el Segundo Juzgado de Trabajo de Lima le notificó a la demandante el 23 de abril del 2007 con el “Cúmplase con lo Ejecutoriado”, en tanto que la demanda de amparo fue promovida recién el 26 de julio del 2007.

El Colegiado a efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del artículo 44º del CPC, señaló también que “cuando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se acepten articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento jurisdiccional”, según se fundamentó en el Expediente Nº 00252-2009-PA/TC.

“Por ello, resulta un despropósito iniciar el cómputo del plazo de prescripción del amparo contra resolución judicial a partir del momento en que se desestima la nulidad interpuesta por la recurrente contra la resolución que ordena el “cúmplase con lo ejecutoriado”, pues ésta constituía una articulación inoficiosa incapaz de producir efectos jurídicos procesales”, señala parte de la sentencia del TC.

FUENTE:
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2011_365.html 

Lima, 8 de setiembre de 2011

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sábado, 10 de septiembre de 2011

Ley Nº29785 LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS U ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169



El recientemente electo presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, a los pocos días de asumir el mandato gubernamental, promulgó  la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, en el poblado de Imacita, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, la cual reconoce el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La norma ha sido publicada el día miércoles 07 de Septiembre pasado fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con esta norma se pretende y aspira a solucionar o mitigar los cientos de conflictos sociales que han agobiado al país en los últimos años, la norma legal recién incorpora en el ordenamiento jurídico interno una norma de carácter internacional como lo es el Convenio Nº169 de la OIT, que como se sabe data desde 1989, es decir, luego de más de dos décadas el Estado peruano tardíamente cumple con esta exigencia aprobada por la Comunidad Internacional y reclamada por los dirigentes comunales.   


Sin embargo, no ha quedado plenamente establecido y garantizado en esta ley, el derecho de los pueblos indígenas y tribales a gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, tal como señala el Convenio Nº169 de la OIT, así mismo que deberá desterrarse toda forma de discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. De otro lado, en la ley peruana no se ha expresado de manera explícita e inequívoca la prohibición del uso de la fuerza o violencia represiva contra estos Pueblos. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el  Convenio que se mencionan en el Artículo 3 incisos 1 y 2.  VER EL TEXTO COMPLETO DEL CONVENIO 169).  

A continuación el texto completo de la norma:


LEY Nº29785
 LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA
PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS U ORIGINARIOS,
RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169


EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO


EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS, RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

TÍTULO I



ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución Legislativa 26253.

Artículo 2. Derecho a la consulta

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado.

Artículo 3. Finalidad de la consulta

La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos.

Artículo 4. Principios

Los principios rectores del derecho a la consulta son los siguientes:

Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales.

Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas.

Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas.

Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas u originarios involucrados.

Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta.

Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.

Información oportuna. Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación.

TÍTULO II



PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS


Artículo 5. Sujetos del derecho a la consulta

Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o administrativa.

Artículo 6. Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios

Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a través de sus instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales.

Artículo 7. Criterios de identificación de los pueblos indígenas u originarios

Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.

Los criterios objetivos son los siguientes:

Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional.

Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente usan u ocupan.

Instituciones sociales y costumbres propias.

Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional.

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria.

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo.

Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos.

TÍTULO III



ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA

Artículo 8. Etapas del proceso de consulta

Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben cumplir las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta:

Identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta.

Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.

Publicidad de la medida legislativa o administrativa.

Información sobre la medida legislativa o administrativa.

Evaluación interna en las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre la medida legislativa o administrativa que les afecten directamente.

Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos indígenas u originarios.

Decisión.

Artículo 9. Identificación de medidas objeto de consulta

Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, de concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas.

Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual debe evaluar la procedencia del petitorio.

En el caso de que la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el pedido de las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 10. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados

La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance.

Artículo 11. Publicidad de la medida legislativa o administrativa

Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa deben ponerla en conocimiento de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios que serán consultadas, mediante métodos y procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el ambiente en que habitan.

Artículo 12. Información sobre la medida legislativa o administrativa

Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa.

Artículo 13. Evaluación interna de las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios

Las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de la medida legislativa o administrativa y la relación directa entre su contenido y la afectación de sus derechos colectivos.

Artículo 14. Proceso de diálogo intercultural

El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de la medida legislativa o administrativa, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como sobre las sugerencias y recomendaciones que estos formulan, las cuales deben ser puestas en conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables de llevar a cabo el proceso de consulta.

Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en un acta de consulta, la cual contiene todos los actos y ocurrencias realizados durante su desarrollo.

Artículo 15. Decisión

La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado peruano.

El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo.

Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial.

Artículo 16. Idioma

Para la realización de la consulta, se toma en cuenta la diversidad lingüística de los pueblos indígenas u originarios, particularmente en las áreas donde la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por la población indígena. Para ello, los procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de consulta, quienes deben estar registrados ante el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

TÍTULO IV



OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA


Artículo 17. Entidad competente

Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativas relacionadas de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u originarios son las competentes para realizar el proceso de consulta previa, conforme a las etapas que contempla la presente Ley.

Artículo 18. Recursos para la consulta

Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios.

Artículo 19. Funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo

Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes:

Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del derecho a la consulta.

Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en cada proceso en particular.

Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios e identificar a las que deben ser consultadas respecto a una medida administrativa o legislativa.

Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas para solicitar la consulta, sobre la calificación de la medida legislativa o administrativa proyectada por las entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios, a ser consultados.

Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos indígenas u originarios que son consultados en la definición del ámbito y características de la consulta.

Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas.

Registrar los resultados de las consultas realizadas.

Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las lenguas indígenas u originarias.

Otras contempladas en la presente Ley, otras leyes o en su reglamento.

Artículo 20. Creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios

Créase la base de datos oficial de los pueblos indígenas u originarios y sus instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

La base de datos contiene la siguiente información:

Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas u originarios se identifican.

Referencias geográficas y de acceso.

Información cultural y étnica relevante.

Mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera.

Sistema, normas de organización y estatuto aprobado.

Instituciones y organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de sus líderes o representantes, período y poderes de representación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

SEGUNDA. La presente Ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas ni deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su vigencia.

TERCERA. Derógase el Decreto Supremo 023-2011-EM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas.

CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los noventa días de su publicación en el diario oficial El Peruano a fin de que las entidades estatales responsables de llevar a cabo procesos de consulta cuenten con el presupuesto y la organización requerida para ello.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil once.

DANIEL ABUGATTÁS MAJLUF

Presidente del Congreso de la República

MANUEL ARTURO MERINO DE LAMA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en el distrito de Imaza, a los seis días del
mes de septiembre del año dos mil once.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

SALOMON LERNER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros
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PRECISAN LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA DEL PROCESO DE AMPARO CONTRA AMPARO

El proceso de amparo contra amparo es un régimen procesal de naturaleza excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados requisitos, de conformidad con lo señalado en la sentencia del Expediente Nº 04853-2004-AA/TC. Así lo precisó el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el Expediente Nº 04095-2010-PA/TC que declara infundada la demanda interpuesta por la Municipalidad Distrital de Nepeña en Ancash.

El municipio solicitaba se declare la nulidad de la resolución, que en su contra estimó la demanda de amparo ordenando la inaplicabilidad de una ordenanza municipal y la reposición de los trabajadores demandantes.

El Tribunal precisó que los requisitos para la procedencia del amparo son: a) cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. Tratándose de contra amparos en materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso de amparo.

Asimismo, b) que su habilitación solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido vulneración del orden constitucional, en particular el artículo 8º de la Constitución.

Además d) que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita además, en defensa de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional.

El supremo órgano de justicia constitucional indica como otros requisitos que g) resulta pertinente, como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes establecidos por el TC; h) no procede el amparo contra las decisiones emanadas del Tribunal e i) procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas como por ejemplo la de ejecución de sentencia.

En el presente caso, la sala demandada no se ha pronunciado por la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal, como alega la demandante, sino por la inaplicabilidad de dicha norma por ser vulneratoria del derecho a la libertad sindical y la autonomía sindical, además el Tribunal encuentra que la sentencia cuestionada está fundada en derecho, por lo que la demanda fue desestimada.

FUENTE:
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2011_367.html
Lima, 9 de setiembre de 2011
 
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Essalud presentará informe sobre presuntos actos de corrupción (El Comercio)

Álvaro Vidal Rivadeneyra indicó que irá a la Comisión de Fiscalización del Congreso este viernes.

Ante los presuntos casos de corrupción en Essalud, el presidente ejecutivo de la referida institución, Álvaro Vidal Rivadeneyra, anunció esta tarde que realizará una auditoría internacional financiera y de gestión, la cual contará con el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Según informó Canal N, el funcionario indicó que durante el gobierno anterior hubo un aumento de contrataciones en este organismo. Detalló que pasó de tener 35 mil empleados a 45 mil.

Además, Vidal Rivadeneyra dijo que el próximo viernes, a las 10 de la mañana, se presentará en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, donde presentará un informe sobre casos de corrupción detectados en Essalud.

“Se informará sobre el ingreso de 10 mil trabajadores durante el gobierno anterior. Además, los contratos mediante Asociación Público Privada (APP), cuyos estándares de utilidad son muy altos y lesivos para la institución y obligan a asumir compromisos de aquí a 10 y 32 años”, acotó.

El presidente de Essalud supervisó hoy una campaña médica gratuita en el asentamiento humano Edén del Manantial, en el distrito de Villa María del Triunfo, donde también entregó un conjunto de frazadas.

FUENTE:
http://elcomercio.pe/politica/1288654/noticia-essalud-presentara-informe-sobre-presuntos-actos-corrupcion
Sábado 10 de septiembre de 2011 - 06:52 pm
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viernes, 2 de septiembre de 2011

Contraloría sobre gobierno aprista: Más de 10 mil funcionarios involucrados en presuntas irregularidades (Diario La República)


La Contraloría General de la República detectó a 10 mil 659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades entre enero del 2009 y julio del 2011, durante el segundo gobierno del presidente Alan García Pérez (APRA); reveló Fuad Khoury Zarzar, contralor general de la República durante la presentación de su plan de trabajo para el 2011 ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.


Fuad Khoury indicó que su despacho emitió 29 mil 405 informes de control practicados a dos mil 369 entidades públicas. También adelantó que para la quincena de setiembre se ha programado iniciar un examen especial en las obras del Tren Eléctrico para verificar por qué el presupuesto de esta obra se incrementó en 108 millones de dólares respecto al contrato original.

Detalló que durante su gestión se han realizado tres veedurías al tren eléctrico, en las cuales detectaron 32 deficiencias, como las presentes en las columnas preexistentes, que requerían de un tratamiento especial para garantizar la seguridad de la estructura.

Confirmó también que se encuentra en marcha un examen especial en el Banco de Materiales para investigar la desaparición de cinco mil carpetas de crédito, un supuesto tráfico de influencias y el cobro de cupos por créditos otorgados en la sucursal Lima Sur. Esta investigación inició el 23 de agosto pasado.

Por el lado del cobro de indemnización de Fernando Barrios, ex presidente de Essalud durante el gobierno anterior, dijo que se ha encontrado responsabilidad administrativa por parte de los funcionarios de confianza que autorizaron el pago.

La Contraloría General también audita obras como la reinauguración del Estadio Nacional, además de instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, Perupetro, Petroperú, Provías Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra del Perú, Ministerio del Interior, etc. (Con información de Andina)

FUENTE:
http://www.larepublica.pe/31-08-2011/contraloria-sobre-gobierno-aprista-mas-de-10-mil-funcionarios-involucrados-en-presuntas-i
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