Abogado.Consultor en Planeamiento Estratégico y Diseño de Proyectos Sociales. Presidente del Centro Internacional de la Democracia CID.www.cid21.com.ar. Lima-Perú

viernes, 29 de abril de 2011

Réquien por los trabajadores del CAS: Otra sentencia del Tribunal Constitucional confirma constitucionalidad del Régimen de Contratos Administrativos de Servicios o la legitimidad del abuso.

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Otra vez, el Tribunal Constitucional (TC) ha fallado declarando que el Régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) creado por el Decreto Legislativo Nº1057 es "compatible" con el marco constitucional peruano, en este sentido, según los magistrados constitucionales dicha norma jurídica resulta incuestionable, válida y legítima y no cabe ya mayor cuestionamiento.

 

En efecto, así lo expresó recientemente en la sentencia recaída en el expediente Nº 00010-2010-AI, (Vea el texto integro de la sentencia publicada en el siguiente link:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00010-2010-AI.html), éste vendría ser el tercer caso que rechaza el TC.

 

Anteriormente, el Tribunal se pronunció desestimando las demandas de inconstitucionalidad promovidas por trabajadores y gremios profesionales en los siguientes casos:

 

PRIMER CASO: Expediente Nº 00002-2010-PI/TC, publicado en la siguiente dirección electrónica: Ver link  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00002-2010-AI.html. En este proceso declaró el TC infundada la demanda produciendo sus efectos de cosa juzgada de acuerdo con el artículo 82º del Código Procesal Constitucional: “Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación”. Resolvió el TC que el CAS debe entenderse como un régimen "especial" de contratación laboral aplicado al sector público, el cual –según estos magistrados- resulta “compatible con el marco constitucional”.

SEGUNDO CASO: El TC se pronunció también en contra de la demanda interpuesta por Colegio Médico del Perú, representado por su Decano, doctor Julio Sergio Castro Gómez recaída en el Expediente N°00035-2009-AI publicado en la siguiente dirección http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00035-2009-AI.html, procedió a declararla “improcedente” haciendo mención al fallo recaído en el Expediente N°00002-2010-AI/TC que servirá de referente.

 

TERCER CASO: El que recientemente comentamos pronunciada en el expediente Nº 00010-2010-AI  (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00010-2010-AI.html) en este caso procede ha declarar también “improcedente” la demanda alegando los fundamentos del fallo anterior (Expediente N°00002-2010-PI/TC).

 

Ergo, en tres sucesivas demandas planteadas por trabajadores y gremios profesionales contra el controvertido Decreto Legislativo N°1057, el Tribunal Constitucional ha señalado su validez y legitimidad constitucional, en consecuencia, toda discusión o debate ha quedado finiquitado y queda así cerrado el camino de la Justicia de los trabajadores ante dicho órgano estatal.

 

Sin embargo, cabe destacar uno de los fundamentos del voto singular del magistrado Gerardo Eto Cruz recaído en el expediente Nº 10-2010-PI/TC, quien sostuvo que no existía un pronunciamiento sobre el fondo en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC, debiéndose analizar dichos contratos desde una nueva perspectiva fundada en la vulneración o no, del principio de progresividad de los derechos sociales.

 

No obstante el problema persiste. Hasta la fecha actual el Tribunal Constitucional no ha dictado un fallo que ponga fin a la caótica situación laboral que padece la Administración Pública en donde imperan regímenes de trabajo incongruentes e incompatibles con la naturaleza de un Estado Moderno y eficaz, por el contrario, sentencias como la que comentamos avalan esta situación de inequidad que subyace en el seno del aparato estatal, debió el Tribunal exhortar a los demás poderes (Ejecutivo y Legislativo) para que continúen la Reforma del Estado, la instauración de la Carrera Pública o Servicio Civil y dictar las pautas directrices sobre el Empleo Público.

 

Con esta clase de fallos el Tribunal Constitucional se limita a favorecer al sujeto más fuerte de la relación laboral: El Estado, empero, se olvida de los trabajadores quienes reclaman tutela, protección y respeto a su dignidad personal. El "Supremo Intérprete de la Constitución" fomenta y promueve la desigualdad y discriminación laboral perdiendo la oportunidad de introducir o motivar cambios para la Reforma del Estado, como lo haría un ente con noción de estadista pensando en el futuro y no como un sujeto que dirime pleitos. 

 

Esta desigualdad y discriminación laboral que refrenda, avala y consiente el Tribunal Constitucional estaría afectando al principio de progresividad de los derechos sociales y económicos como categoría de los Derechos Humanos previsto en el artículo 2.1º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y en el artículo 26º de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás normas internacionales, este Tribunal no las ha tenido en cuenta y consideración.

 

Resulta oportuno recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, creado por el Consejo Económico y Social de la Naciones Unidas, en su Observación General N.º 3 (“La índole de las obligaciones de los Estados Partes, párrafo 1 del Art. 2° del Pacto”, 5to. Período de Sesiones, 14/1290), estableció que: “(...) el concepto de progresividad efectiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales en general, no podrá lograrse en un breve período de tiempo. Sin embargo, [...] la frase progresividad debe interpretarse a la luz del objetivo general [...] que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga.” .

Señala la Declaración y Programa de Acción de Viena 1993 (Conferencia Mundial de los Derechos Humanos) en su Preámbulo:

“Reconociendo y afirmando que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficiario de esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización, (sic)”.

Y de manera expresa:

 

1.- “(sic) Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos”.

“8. La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero”.

En tal sentido, no puede hablarse de Democracia en el Perú si no existe plena igual social y el Estado debe asumir esta tarea y no convertirse en un ente discriminador y conculcador de los Derechos Sociales y Económicos. La Constitución que este Tribunal Constitucional alega defender es una Constitución formal, de papel y grafías, pero, abdica defender la Constitución que contiene principios y contenidos substanciales y ese contenido que llena el plexo constitucional es la persona humana, su vida y dignidad.

 

La injusticia y el desamparo jurídico a los trabajadores del CAS se ha consumado otra vez.

 

¿Qué hacer?

¡Organizarse y prepararse¡

Los trabajadores del Régimen CAS deben sindicalizarse,  luchar y conquistar sus derechos a través de la Negociación Colectiva.

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