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lunes, 21 de noviembre de 2011

TECNÓLOGO MÉDICO DEFIENDE TU LEY Y TU PROFESIÓN: PROYECTO DE LEY 62/2011-CR PRETENDE MODIFICAR LEY DEL TRABAJO DEL TECNÓLOGO MÉDICO

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Nos ha causado preocupación al tomar conocimiento de la existencia del proyecto de Ley Nº62-2011-CR presentado el día 18 de Agosto del 2011 suscrito por los miembros del Grupo Alianza Parlamentaria y otros congresistas, mediante esta iniciativa se pretende modificar la segunda disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº28456 Ley del Trabajo del Tecnólogo Médico modificada por el artículo 1 de la Ley Nº29052.

El texto del proyecto es el siguiente:

“Artículo 1.- Modificación de la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº28456.

Modificase la segunda disposición transitoria complementaria y final de la Ley Nº28456, modificada por el artículo 1º de la Ley Nº29052 en los siguientes términos:

“SEGUNDA.- De los Tecnólogos egresados de Institutos Superiores y Escuelas Profesionales.

Los Tecnólogos Médicos egresados de Institutos Superiores y Escuelas Profesionales, que ostentan grado académico y título profesional reconocido por una universidad peruana, quedan comprendidos en la presente Ley y pueden incorporarse al Colegio Tecnólogo Médico del Perú”.

El texto de la Ley que se pretende modificar es el siguiente:

“SEGUNDA.- De los Tecnólogos egresados de Institutos Superiores y Escuelas Profesionales.

Los Tecnólogos Médicos egresados de Institutos Superiores y Escuelas Profesionales, que a la fecha ostentan grado académico y título profesional reconocido por una universidad peruana, quedan comprendidos en la presente Ley y pueden incorporarse al Colegio Tecnólogo Médico del Perú”.

Es decir, se pretende suprimir la frase:

“que a la fecha ostentan”.

Esta supresión encierra ciertos peligros y crea un estado de incertidumbre que afectaría en el futuro a la profesión de Tecnología Médica, como lo veremos posteriormente.

¿Cuál es el problema?

Según la exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº62/2011-CR, esta iniciativa legal obedece a la acción de cierto grupo de Tecnólogos Médicos provenientes de la Universidad Federico Villarreal, quienes luego de largos años de litigio con la Universidad, obtuvieron la Resolución Rectoral Nº33-2006 de fecha 27 de Noviembre del 2006 que autorizó el otorgamiento y reconocimiento académico correspondiente a los licenciados egresados de la Escuela Superior del IPSS que realizaron estudios complementarios en la Facultad de tecnología de dicha casa de estudios.

Sin embargo, al recurrir al Colegio Tecnólogo Médico para solicitar su incorporación y colegiatura fueron prácticamente burlados por ciertas autoridades de dicho gremio, quienes luego de obligarlos a pagar ciertos derechos de trámite y compelirlos a llevar un curso taller de “Ética, Bio Ética, Investigación y Gestión en Tecnología Médica” les manifestaron posteriormente (luego de recibir el dinero por dichos conceptos y clausurado el curso) que no se encontraban dentro de los alcances de la Ley Nº29052, o sea, les hicieron perder dinero y tiempo.

La rémora de las autoridades universitarias y posteriormente, la falta de sinceridad y transparencia de las autoridades de aquel entonces del Colegio Tecnólogo Médico están provocando esta peligrosa iniciativa legal. Este es el problema que afecta a un pequeño grupo social y que no ha sido resuelto de manera eficiente, honesta, ética y legalmente y cuya solución no es la adecuada.

Análisis del proyecto.

La supresión de la frase “que a la fecha ostentan” configura un cambio radical que afecta a la normatividad que regula la Ley del Trabajo del Tecnólogo Médico (Ley Nº28456), y a la naturaleza misma de la profesión de Tecnología Médica; recurriendo al símil contenido en la célebre frase del jurista alemán JuliusVon Kirchman “tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se van a la basura” ([1]), podría decirse que el actual legislador estaría mandando a un destino inapropiado a la profesión de los Tecnólogos Médicos .

La supresión propuesta por el actual legislador encierra ciertos peligros y crea un estado de incertidumbre que afectará al futuro a la profesión de Tecnología Médica, dado que:

1.- La modificatoria contenida en el Proyecto de Ley Nº062/2011-CR desnaturaliza el carácter esencial de las normas de derecho transitorio. En efecto, las normas de derecho transitorio son temporales y resuelven el problema del tránsito de la vieja legislación a la nueva, es decir, de la ley derogada a la ley vigente. “Es éste el problema –precisan Diez Picazo y Antonio Gullón- que tratan de resolver las llamadas normas de transición o normas de Derecho transitorio, que son normas de carácter formal, en cuanto que no regulan ellas mismas, de una manera directa, la realidad jurídica, sino que son normas de colisión que tratan de resolver los conflictos inter-temporales. Son, por consiguiente, normas de remisión a otras normas. Esto es, normas indicativas de las normas que deben ser aplicables” ([2]).

En el caso de la Ley del Trabajo del Tecnólogo Médico Ley Nº28456 se estableció excepcionalmente una solución especial con plazo fijo para un grupo también especial: cientos de Tecnólogos Médicos que carecían de colegiatura, pero, poseían Título Profesional en el momento de la publicación de la norma; sin embargo, la propuesta contenida en el proyecto tiende a originar el caos y el detrimento de la profesión de Tecnología Médica que es una “profesión universitaria” (Artículo 8 de la Ley Nº28456), pues, como Política Pública el Congreso debería dictar normas que garanticen la integridad de la profesión de Tecnología Médica, empero, no convertir la excepción (egresados de Institutos Superiores) en una regla estable y perenne en el tiempo.

2.- El filosofo vienés Ludwig Wittgenstein sostenía: “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo” ([3]). El cuestionado proyecto no tiene límites. Al suprimir la frase “que a la fecha ostentan” se incurre en una gravísima omisión, el proyecto no establece un dato temporal o referente exacto y preciso que delimite cronológicamente (punto de quiebre) los acontecimientos y la actuación de los destinatarios de la norma, ergo, tal como está redactado el proyecto en cuestión tendría una duración indefinida e indeterminada. No importa ya la fecha del Título Profesional.

2.- De otro lado, el proyecto no define, precisa o circunscribe al grupo de los destinatarios o beneficiarios de la norma, va más allá de los supuestos beneficiarios (que serían pocos los del problema de la Universidad Villarreal), pues tal como está redactado crea una amplia cobertura para que puedan colegiarse en cualquier momento personas que actualmente ostenten un título de estudios superiores y aprovechándose de la norma cursen estudios en algún centro universitario precisamente amparándose en que no existe limitación temporal. Este sería el modus operandi que miles de personas recurrirían en perjuicio de profesionales que realizaron efectivamente estudios universitarios.

Así en el futuro existirán dos tipos de Tecnólogos Médicos:

2.1.- Los provenientes de las Universidades que cursaron estudios por cinco años previo concurso de admisión.

2.2.- Los que accedieron a la Universidad luego de haber cursado estudios en un Instituto Superior.

La solución debió de darse de otra manera como por ejemplo establecer una fecha límite, pero, tal como está redactado el proyecto no procura una solución, sino que, crea un problema: Afectará a la formación profesional de los Tecnólogos Médicos y el Mercado laboral.

Es por ello que instamos a las autoridades honestas y responsables del Colegio Tecnólogo Médico, dirigentes sindicales e institucionales, Tecnólogos Médicos a frenar este despropósito que afecta a la integridad y dignidad de su profesión, idem, de sus puestos de trabajo y sostenimiento.


[1] Vid. Kirchmann, Julius Hermann von, "La jurisprudencia no es ciencia". Trad de Anotnio Truyol y Serra, Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1949.

[2] DIEZ PICAZO, Luis y GULLON BALLESTEROS, Antonio. “Sistema de Derecho Civil” Volumen I Editorial Tecnos Cuarta reimpresión Madrid-España 1981 p .133

[3] WITTGENSTEIN, Ludwig. “Diario Filosófico (1914-1916)” Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo Editorial Planeta México 1986 p.86.

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martes, 8 de noviembre de 2011

PRECISAN QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO EL PROCESO DE SELECCIÓN SE INICIA CON LA CONVOCATORIA Y CULMINA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Tribunal Constitucional señaló que de conformidad con la Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público -, “el proceso de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato…”. Así lo precisó al declarar fundada la demanda de cumplimiento (Expediente Nº 01283-2011-PC/TC), por haberse acreditado la vulneración del derecho a la eficacia de la norma legal y comprobada la renuencia en cumplir el mandato contenido en la precitada ley.

En consecuencia, se ordena al Congreso de la República que, en un plazo máximo de diez días hábiles de notificada la presente sentencia, contrate a Anabel Dávila Navarro como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo de Especialista Parlamentario. La demandante participó en un concurso convocado por la parte demandada en el año 2009 para cubrir 13 plazas vacantes y obtuvo una de ellas, no obstante aún no se ha suscrito el respectivo contrato de trabajo.

A criterio de las instancias judiciales de primer y segundo grado, la demanda debía ser declarada improcedente porque el mandato cuyo cumplimiento se requiere, está sujeto a una controversia compleja. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima que el mandato contenido en la Ley no genera controversia compleja alguna, pues no está sujeta a interpretaciones dispares, ni necesita la actuación de medios probatorios para generar certidumbre y certeza sobre la fundabilidad de la pretensión demandada.

Agrega que solo corresponde analizar si la demandante participó en un concurso público y abierto para acceder a la Administración Pública, toda vez que ello prueba la existencia de una plaza presupuestada y vacante, y si ganó la plaza a la que postuló, por cuanto resulta irrazonable y contrario a la Ley Marco del Empleo Público, convocar a un concurso cuando no existen plazas vacantes y presupuestadas.

Precisada la falta de razonabilidad de los argumentos utilizados por las instancias judiciales para rechazar la demanda, este tribunal estima que las instancias judiciales han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por lo que debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a trámite.

No obstante ello, el TC considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que el Parlamento ha sido notificado del concesorio del recurso de apelación, su Procurador Público se ha apersonado ante esta instancia y ha informado en la vista de la causa del presente proceso, lo que implica que su derecho de defensa ha sido ejercido.

A la luz de los hechos, el tribunal considera que la demanda merece ser estimada, pues se encuentra comprobada la existencia de la plaza presupuesta y vacante, que la demandante participó en el concurso público mencionado que fue convocado por el Congreso de la República, que obtuvo uno de los 13 más altos puntajes del concurso público mencionado y que ganó una de las 13 plazas vacantes para ocupar el cargo de Especialista Parlamentario.
FUENTE:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Nota de Prensa Nº 449-2011-OII/TC

TEXTO DE LA SENTENCIA



EXP. N.° 01283-2011-PC/TC

LIMA

ANABEL DÁVILA NAVARRO


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


En Lima, a los 5 días del mes de octubre de 2011, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Anabel Dávila Navarro contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 115, su fecha 30 de setiembre de 2010, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de abril de 2010 la recurrente interpone demanda de cumplimiento contra el Congreso de la República, solicitando que en cumplimiento del artículo 8° de la Ley N.° 28175, se ordene la suscripción de su contrato de trabajo a plazo indeterminado en el cargo de Especialista Parlamentario para el Centro de Investigación, Análisis Temático y Estadística o para el Departamento de Relatoría, Agenda y Actas del Congreso de la República, nivel remunerativo SP-9, por haber ganado el concurso público de selección respectivo. Refiere que participó en el concurso público convocado por el Congreso de la República para cubrir 13 plazas vacantes de Especialistas Parlamentarios y que obtuvo uno de los 13 más altos puntajes del concurso público; sin embargo, el Congreso de la República se ha mostrado renuente en cumplir el mandato contenido en el artículo 8° de la Ley N.° 28175, pues no ha suscrito con ella el respectivo contrato de trabajo a plazo indeterminado para que se desempeñe en el cargo de Especialista Parlamentario.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 26 de abril de 2010, declaró improcedente la demanda, por considerar que la dilucidación de la pretensión plantea una controversia compleja, por cuanto se requiere comprobar la existencia de una plaza presupuestada y vacante.

La Sala revisora confirmó la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda
1. La demandante solicita que se dé cumplimiento al artículo 8° de la Ley N.° 28175 (Ley Marco del Empleo Público), cuyo texto dispone que “El procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato (…)” (subrayado y negritas nuestras).

Argumenta que participó en el concurso público convocado por el Congreso de la República para cubrir 13 plazas vacantes de Especialistas Parlamentarios y que obtuvo uno de los 13 más altos puntajes del concurso público; sin embargo, el Congreso de la República no ha suscrito con ella el respectivo contrato de trabajo a plazo indeterminado para que se desempeñe en el cargo de Especialista Parlamentario.

2. A criterio de las instancias judiciales de primer y segundo grado, la demanda debe ser declarada improcedente porque el mandato cuyo cumplimiento se requiere está sujeto a una controversia compleja.

Sobre el particular, debe señalarse que el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 8° de la Ley N.° 28175 no genera una controversia compleja, pues no está sujeto a interpretaciones dispares, ni necesita la actuación de medios probatorios para generar certidumbre y certeza sobre la fundabilidad de la pretensión demandada, pues corresponde analizar si la demandante participó en un concurso público y abierto para acceder a la Administración Pública, ya que ello prueba la existencia de una plaza presupuestada y vacante, y si ganó la plaza a la que postuló, por cuanto resulta irrazonable y contrario a la Ley Marco del Empleo Público convocar a un concurso público y abierto cuando no existen plazas vacantes y presupuestadas.

3. Precisada la falta de razonabilidad de los argumentos utilizados por las instancias judiciales para rechazar la demanda, este Tribunal estima que las instancias inferiores han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por lo que debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a trámite. No obstante ello, este Tribunal considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que el Congreso de la República ha sido notificado del concesorio del recurso de apelación, su Procurador Público se ha apersonado ante esta instancia y ha informado en la vista de la causa del presente proceso, lo que implica que su derecho de defensa ha sido ejercido.

Asimismo, debe señalarse que con los documentos de fecha cierta obrantes de fojas 25 a 34, se acredita que la demandante ha cumplido con el requisito especial de la demanda previsto en el artículo 69° del CPConst., por lo que corresponde emitir pronunciamiento de fondo.

Análisis de la controversia

4. Corresponde ahora exponer cronológicamente los hechos relevantes que se encuentran probados para dilucidar la pretensión demandada, que son:

a. Con fecha 4 de junio de 2009, el Congreso de la República publicó en su portal y en el diario El Comercio (página a13) un aviso de “Convocatoria a Concurso Público”, para cubrir en total 13 plazas vacantes de Especialistas Parlamentarios para el Centro de Investigación, Análisis Temático y Estadística y el Departamento de Relatoría, Agenda y Actas del Congreso de la República, conforme se prueba con las publicaciones obrantes a fojas 3 y 4.

Este Tribunal debe enfatizar que el concurso público mencionado estuvo a cargo de la Universidad ESAN y que se enmarco dentro de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N.° 28175, cuyo texto dispone que antes de proceder a la convocatoria del proceso de selección, se requiere, entre otras cosas, la existencia de un puesto de trabajo presupuestado en el Cuadro de Asignación de Personal y en el Presupuesto Analítico de Personal.

Es más, la existencia de las 13 plazas presupuestadas y vacantes se encuentra destacada en el artículo 2º del Reglamento del concurso mencionado, elaborado por el Congreso de la República, obrante de fojas 6 a 11, que señala que “Este proceso tiene como propósito reclutar selectivamente a los candidatos que serán designados para ocupar plazas vacantes de Especialistas Parlamentarios” (subrayado y negritas nuestras).

b. Con fecha 12 de junio de 2009, la Universidad ESAN publicó la relación de postulantes aptos para rendir la evaluación psicológica y psicotécnica, dentro de los cuales se encuentra la demandante, conforme se prueba con la relación obrante de fojas 12 a 15, es decir, que la demandante aprobó la primera etapa del proceso de selección (verificación curricular).

c. Con fecha 19 de junio de 2009, la Universidad ESAN publicó la relación de postulantes aptos para rendir la evaluación de conocimientos, dentro de los cuales se encuentra la demandante, conforme se prueba con la relación obrante de fojas 16 a 18.

d. Con fecha 26 de junio de 2009, la Universidad ESAN publicó la relación de postulantes aptos para la entrevista personal, dentro de los cuales se encuentra la demandante, conforme se prueba con la relación obrante de fojas 19 a 20.

e. Con fecha 3 de julio de 2009, la Universidad ESAN publicó el Orden y Cuadro de Mérito Final del concurso público mencionado, obrantes a fojas 21 y 22. Tanto en el Orden como en el Cuadro de Mérito Final se señala que la demandante obtuvo uno de los 13 más altos puntajes del concurso público mencionado, específicamente, obtuvo el orden de mérito 11, es decir, que había ganado el mencionado concurso público convocado por el Congreso de la República, razón por la cual tiene derecho a ocupar una de las 13 plazas vacantes de Especialistas Parlamentarios que fueron convocadas.

5. A la luz de los hechos descritos, este Tribunal considera que la demanda merece ser estimada, pues se encuentra comprobada la existencia de la plaza presupuestada y vacante, que la demandante participó en el concurso público mencionado que fue convocado por el Congreso de la República, que obtuvo uno de los 13 más altos puntajes del concurso público mencionado y que ganó una de las 13 plazas vacantes para ocupar el cargo de Especialista Parlamentario.

Consecuentemente, habiéndose comprobado que la demandante ha cumplido el supuesto de hecho del artículo 8° de la Ley N.° 28175, éste resulta ser un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República, por lo que resulta procedente ordenar su contratación como Especialista Parlamentario.

Además, debe tenerse presente que con los medios probatorios obrantes a fojas 21 y 39, se encuentra comprobado que algunos de los ganadores del concurso público mencionado fueron contratados por el Congreso de la República en el cargo de Especialista Parlamentario, como sucede en el caso de doña Mónica Villavicencio Rivera, don Víctor Hugo Neciosup Santa Cruz, doña María Milagros Socorro Campos Ramos y don Juan Gabriel Duarte Rodríguez, es decir, que en casos similares al presente, el mandato contenido en el artículo 8° de la Ley N.° 28175 ha sido acatado y cumplido por el Congreso de la República; sin embargo, en el caso de la demandante se muestra renuente en cumplirlo.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú


HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración del derecho a la eficacia de la norma legal, al haberse comprobado la renuencia en cumplir el mandato contenido en el artículo 8° de la Ley N.° 28175.

2. ORDENAR al Congreso de la República que, en un plazo máximo de diez días hábiles de notificada la presente sentencia, contrate a doña Anabel Dávila Navarro como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo Especialista Parlamentario, nivel remunerativo SP-9, con el pago de los costos conforme al artículo 56° del Código Procesal Constitucional.


Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA

ETO CRUZ

URVIOLA HANI
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PARA DESPEDIR A UN TRABAJADOR DEL RÉGIMEN PRIVADO ES INDISPENSABLE LA EXISTENCIA DE UNA CAUSA JUSTA CONTEMPLADA EN LA LEY Y DEBIDAMENTE COMPROBADA

El Tribunal Constitucional señaló que debe tenerse presente que el artículo 22º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR dispone que para despedir a un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. Así lo precisó al resolver la controversia contenida en el Expediente Nº 04176-2010-PA/TC, declarando fundada la demanda de amparo interpuesta por el trabajador, Alcides Huaranga Solórzano, por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo, en consecuencia; declaró nulo el despido fraudulento del que fue objeto.

Asimismo, el Tribunal resolvió ordenar a la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A. reponga al trabajador en su mismo puesto de trabajo o en otro de similar nivel, en el plazo máximo de dos días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medias coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional.

El Colegiado estableció en un precedente vinculante que el despido fraudulento se produce cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente.

En el fundamento 10º el Tribunal señala que en el presente caso se configuró un despido fraudulento al haberse atribuido al demandante hechos falsos, pues no ha quedado demostrado que el demandante haya cobrado dinero a una usuaria, tal como ella misma ha reconocido ante las autoridades judiciales dentro de un proceso judicial. Es por dicha razón que el Tribunal considera que la Sociedad demandada habría fabricado las pruebas que sustentaron el despido del demandante como represalia por el proceso judicial sobre pago de beneficios sociales adeudados.

La sentencia indica que, sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso señalar que en el supuesto que el demandante hubiera incurrido en la falta que se le imputó como causal de despido, la demandada hubiera infringido el principio de igualdad en la aplicación de la ley, pues a otro trabajador que supuestamente cobró a una usuaria mientras brindaba un servicio, se le impuso una sanción disciplinaria de suspensión sin goce de haber por el término de un día.

Lima, 03 de noviembre de 2011

FUENTE: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Nota de Prensa Nº 461-2011-OII/TC

TEXTO DE LA SENTENCIA


EXP. N.° 04176-2010-PA/TC

HUANUCO

ALCIDES HUARANGA

SOLORZANO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alcides Huaranga Solórzano contra la sentencia expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 220, su fecha 19 de octubre de 2010, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de marzo de 2010, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco, solicitando que se deje sin efecto la Resolución N.º 054-2010-GG-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 16 de febrero de 2010, que le comunica su despido; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que ingresó en dicha empresa el 13 de abril de 1987, pero que el 16 de febrero de 2010 fue despedido fraudulentamente, aduciéndose que habría cobrado irregularmente dinero a una usuaria cuando le brindaba un servicio. Refiere que la falta que se le imputó es falsa pues la usuaria ha mentido al señalar que le cobró S/. 7.00 (siete nuevos soles). Alega que la demandada lo habría despedido como represalia por haber interpuesto en su contra un proceso judicial por el pago de beneficios sociales adeudados; por lo que sostiene que se ha vulnerado sus derechos al trabajo, al debido proceso y a la igualdad.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o infundada, argumentando que la controversia debe dilucidarse en una vía procedimental que cuente con etapa probatoria. Refiere que el actor ha sido despedido por haber cometido la falta grave debidamente tipificada en el Decreto Supremo N.º 003-97-TR y en el Reglamento Interno de Trabajo.

El Primer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, con fecha 23 de julio de 2010, declara fundada la demanda, por considerar que el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento, que el despido se sustentó en una prueba prefabricada que consistió en una queja formulada por una usuaria que posteriormente reconoció en un proceso penal que el demandante no le había cobrado dinero.

La Sala Superior competente revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda, por considerar que al existir hechos controvertidos la demanda debe dilucidarse en otra vía procedimental.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto el despido fraudulento de que habría sido víctima el recurrente; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo.

Procedencia del proceso de amparo

2. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, este Tribunal considera que, en el presente caso, corresponde analizar si se ha configurado el despido fraudulento denunciado.

Análisis del caso concreto

3. La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto la Resolución N.º 054-2010-GG-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 16 de febrero de 2010, mediante la cual se despide al recurrente por haber incurrido en la supuesta falta grave laboral prevista en el inciso a) del artículo 25º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR y el inciso c) del artículo 143º del Reglamento Interno de Trabajo.

4. Para resolver la controversia, debe tenerse presente que el artículo 22° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR dispone que para despedir a un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. Por su parte, los artículos 23° a 25° enumeran taxativamente las causas justas del despido relacionadas, respectivamente, con la capacidad y la conducta de trabajador.

5. De acuerdo con lo previsto por el artículo 31° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, el empleador no podrá despedir a un trabajador por causa relacionada con su conducta laboral, sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formule; es decir, el despido se inicia con una carta de imputación de cargos para que el trabajador pueda ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo en la forma que considere conveniente a su derecho, tal como ha sucedido en el caso de autos, pues a fojas 61 y 66 obra el Memorándum N.º 350-2009-GG-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 28 de setiembre de 2009, y el Memorándum N.º 09-2010-GG-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 12 de enero de 2010, en los que se le concede al demandante un plazo para que formule sus descargos; derecho que fue ejercido por el demandante conforme obra a fojas 63 y 67. Por lo que en este caso no se evidencia la supuesta vulneración del derecho constitucional al debido proceso.

6. Por otra parte, cabe acotar que la existencia de una relación laboral genera un conjunto de obligaciones recíprocas entre el empleador y el trabajador, y en lo que se refiere al trabajador, impone que se cumplan conforme a las reglas de la buena fe laboral, hasta el punto de que la trasgresión de este deber se tipifica como una falta grave (artículo 25°, inciso “a”, del Decreto Supremo N.° 003-97-TR), lo cual constituye una de las causas justas de despido relacionada con la conducta del trabajador (artículo 24°, inciso “a”, de dicha norma laboral).

7. De los documentos de imputación de cargos, del Acta de Declaración de Usuario y de la Resolución N.º 054-2010-GG-SEDA HUÁNUCO S.A. (f. 61, 66, 65 y 3) se aprecia que la falta grave atribuida al recurrente se sustenta en el hecho de que con fecha 15 de setiembre y 14 de octubre de 2009, y conforme al tenor de la carta notarial de fecha 27 de enero de 2010 (f. 105), una usuaria que había solicitado los servicios de la entidad emplazada, la señora Eugenia Cierto Palacios, habría denunciado al recurrente por haberle cobrado indebidamente la cantidad de S/. 7.00 (siete nuevos soles) por el material utilizado en la instalación de su medidor. La entidad emplazada manifiesta que el demandante no pudo desvirtuar los cargos imputados, por lo que procedió a despedirlo.

8. Sin embargo, de fojas 135 a 138 obra una copia del acta de Diligencia de Comparendo de Ley, de fecha 18 de junio de 2010, expedida dentro del proceso penal por el delito de calumnia seguido por el recurrente contra la señora Eugenia Cierto Palacios, signado con el Expediente N.º 00735-2010-0-1201-UR-PE-01, en el cual la querellada y supuesta víctima del cobro irregular que habría efectuado el demandante manifiesta lo siguiente:

i) Respecto a la carta notarial de fecha 27 de enero de 2010 (f. 105): “Que si reconoce la firma del documento pero no lo ha redactado que lo han hecho en el área de asesoría legal, que firmó el documento porque le indicaron que le iban a devolver la cantidad excesiva que le estaba cobrando la empresa, y como se trataba de una suma fuerte entendió que era un reclamo por esta cantidad, y estas mismas personas le dijeron que tenía que legalizar su firma”.

ii) Respecto al Acta de Declaración de Usuario: “Reconoce su firma pero no reconoce el contenido puesto que esta acta de declaración la hicieron en sede Huánuco, en el área legal (…) y que firme el documento para que le devuelvan el exceso de pago del dinero que habían realizado, y que no pensó que iban a utilizar los documentos que le hicieron firmar para despedirlo al trabajador (…), y que el reclamo que estaba asiendo era para que le devuelvan el exceso de 200 nuevos soles por haber solicitado que para que le ponian el medidor, y de eso le devolvieron cuarenta y dos nuevos soles, quiero aclarar que persona de sede Huánuco en dos oportunidades me han ido a buscar a mi casa insistentemente”(sic).

Asimismo, si bien en la sentencia de fecha 22 de julio de 2010, expedida dentro del referido proceso penal, se absolvió a la señora Eugenia Cierto Palacios porque se consideró que no correspondía condenarla por el delito de calumnia al no haberle atribuido la comisión de un delito al demandante; en ella se señala que la querellante al efectuar sus descargos manifestó que: “La intención no ha sido dañar a nadie sino realizar un reclamo por el excesivo costo que me venían cobrando por el consumo de agua, que jamás pensé que su empleadora lo despidiese injustificadamente, lo cierto es que me cobraron por los materiales que el trabajador tenía que devolver a otra persona. Que la redacción de la solicitud de la queja, acta de declaración y carta notarial de contestación fue redactado por el asistente legal de la Oficina de Asesoría Legal (…), que solamente ha sido utilizada con la firma y huella, sin la intención de hacer daño a nadie”.

9. Al respecto, en el fundamento 7 del precedente vinculante de la STC 0206-2005-PA/TC, se estableció que el despido fraudulento se produce cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente.

10. Estando a lo antes expuesto, en el presente caso se configuró un despido fraudulento al haberse atribuido al demandante hechos falsos, pues se ha comprobado que el demandante no cobró dinero a la señora Eugenia Cierto Palacios, tal como ella misma ha reconocido ante las autoridades judiciales dentro de un proceso judicial. Es por dicha razón que este Tribunal considera que la Sociedad demandada habría fabricado la pruebas que sustentaron el despido del demandante como represalia por el proceso judicial sobre pago de beneficios sociales adeudados que este le habría iniciado conforme afirma el actor en la demanda y no ha sido desvirtuado por la Sociedad emplazada.

11. En consecuencia, quedando acreditado que se ha producido un despido fraudulento, corresponde estimar la demanda, y por ello a fin de reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho constitucional al trabajo, se debe declarar la nulidad de la Resolución N.º 054-2010-GG-SEDA HUANUCO S.A. y de la Carta N.º 022-2010-GG-SEDA HUANUCO S.A., y dejar sin efecto el despido fraudulento del cual fue objeto el demandante.

12. Sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso señalar que en el supuesto de que el demandante hubiera incurrido en la falta que se le imputó como causal de despido, la Sociedad emplazada hubiera infringido el principio de igualdad en la aplicación de la ley, según el cual se impone que la misma decisión se haya de aplicar por igual a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, pues a fojas 9 obra la Resolución N.º 123-2009-GG-SEDA HUÁNUCO S.A., de fecha 23 de junio de 2009, que le impuso a un trabajador de la Sociedad emplazada la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de haber por el término de un día, por el supuesto cobro irregular a una usuaria mientras brindaba un servicio. Es decir, que por un mismo hecho, consistente en un supuesto cobro irregular durante la prestación de los servicios, la Sociedad emplazada habría impuesto sanciones distintas a dos de sus trabajadores, lo que evidentemente hubiera conllevado la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por haberse acreditado la vulneración del derecho al trabajo; en consecuencia, NULO el despido fraudulento de que fue objeto el demandante.

2. ORDENAR que la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huánuco S.A. reponga a don Alcides Huaringa Solórzano como trabajador en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, en el plazo máximo de dos días bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22.° del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

CALLE HAYEN

ETO CRUZ
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NO SE PUEDE REPONER A TRABAJADOR EN RÉGIMEN LABORAL DISTINTO AL ORDENADO POR SENTENCIA JUDICIAL CON CALIDAD DE COSA JUZGADA

Pese a que un Juzgado Civil ordenó mediante sentencia estimativa y confirmada por la Sala Superior, que se reponga a un trabajador “en el puesto de mayor tiempo de servicios con todas sus prerrogativas y beneficios, debiendo la demandada renovar el contrato de trabajo a plazo indeterminado”, la entidad no cumplió con lo ordenado, vulnerándose los derechos del demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo.

Así se desprende de la sentencia recaída en el Expediente Nº 00068-2010-PA/TC que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por Elio Fernández Canario contra la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Las sentencias en primera y segunda instancia ordenaron a la demandada que contrate al trabajador bajo el régimen laboral del DL Nº 728.

En el presente caso, se ha acreditado, contrariamente a lo dispuesto por las sentencias en sede judicial, que la demandada procedió a contratar al demandante mediante contrato a plazo determinado bajo el régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, con vencimiento al 31 de diciembre de 2008, y, posteriormente se suscribió un Contrato Administrativo de Servicios (CAS), con vencimiento al 31 de marzo de 2009.

De ello, se advierte que la Sociedad emplazada no cumplió con lo ordenado en la sentencia de primera instancia. Pues en vez de ejecutarla y reponer al demandante como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 728, procedió a contratar al demandante bajo el régimen laboral especial Nº 1057, lo que evidentemente conlleva la nulidad de la Resolución Administrativa que ordenó la contratación bajo ese régimen laboral especial contraviniendo así, lo dispuesto por la sentencia expedida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.

Sin perjuicio de los expuesto, el Tribunal Constitucional considera oportuno resaltar que en el presente caso no se está cuestionando la legalidad o no de la suscripción de los contratos administrativos de servicios (CAS), sino la ejecución en sus propios términos de la sentencia con calidad de cosa juzgada expedida en el Expediente judicial, que ordenó la reincorporación del demandante mediante un contrato de trabajo a plazo indeterminado conforme al Decreto Legislativo Nº 728, es por ello que no se evalúa la pretensión en el sentido de inaplicar el Decreto Legislativo Nº 1057 y el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.


Lima, 08 de noviembre de 2011

FUENTE:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Nota de Prensa Nº 467-2011-OII/TC
TEXTO DE LA SENTENCIA


EXP. N.° 00068-2010-PA/TC

LAMBAYEQUE

ELIO FERNÁNDEZ

CANARIO

RAZÓN DE RELATORÍA

Vista la Causa 00068-2010-PA/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Urviola Hani, se ha llamado para dirimirla al magistrado Vergara Gotelli, quien se ha adherido al voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Urviola Hani, con lo cual se ha alcanzado mayoría.


SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


En Lima, a los 13 días del mes de octubre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elio Fernández Canario contra la sentencia expedida por la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 295, su fecha 24 de noviembre de 2009, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 17 de febrero de 2009 el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, solicitando que se declare inaplicables, a su caso, el Decreto Legislativo N.º 1057 y el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, así como las Resoluciones de Presidencia de Directorio N.os 34-2008-P-SBCH, 35-2008-P-SBCH y 105-2008-P-SBCH, de fechas 27, 28 y 31 de octubre de 2008, respectivamente, emitidas por la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, y su reincorporación como trabajador conforme a lo ordenado en la Sentencia emitida en el Expediente N.º 2006-7115. Manifiesta que se han vulnerado sus derechos a la estabilidad laboral, a la irretroactividad de la norma y a la libertad sindical.

La Sociedad de Beneficencia de Chiclayo contesta la demanda argumentando que si bien inicialmente en aplicación del principio de primacía de la realidad se incorporó a diversos locadores de servicios como trabajadores bajo el régimen de servicios personales mediante un contrato de trabajo a plazo fijo –incluido al demandante–, con la dación del Decreto Legislativo N.º 1057 se tuvo que contratarlos bajo dicho régimen, lo cual fue voluntariamente aceptado por el recurrente al suscribir el contrato administrativo de servicios. Refiere que debido a las normas presupuestarias vigentes no puede incorporarse al demandante como trabajador del régimen de servicios personales con un contrato a plazo indeterminado.

La Procuradora Pública del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social solicita la nulidad del auto admisorio de la demanda, propone las excepciones de incompetencia, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa; y contesta la demanda alegando que se ha limitado a dar cumplimiento a una norma que rige la contratación de trabajadores en la administración pública, como lo es el Decreto Legislativo N.º 1057, y que el demandante nunca ha sido servidor público pues no ha existido nombramiento; que por lo tanto, no se ha producido vulneración de sus derechos al contratarlo bajo el régimen del contrato administrativo de servicios.

El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 18 de agosto de 2009, declara la nulidad de todo lo actuado y la improcedencia de la demanda, señalando que al estar incluido el demandante en el régimen laboral público, la controversia debe dilucidarse a través del proceso contencioso-administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2. del Código Procesal Constitucional.

La Sala Superior confirma la apelada por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

§. Cuestiones previas

1. La Procuradora Pública del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha propuesto las excepciones de incompetencia, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Al respecto, este Colegiado considera que no corresponde amparar ninguna de las excepciones propuestas, por cuanto no resulta exigible el agotamiento de la vía administrativa al tratarse de un trabajador que se encontraba sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728 y al no estar previsto tal supuesto en el Reglamento Interno de Trabajo. Asimismo, del texto de la demanda se advierte que el demandante pretende la reposición en su puesto de trabajo, por lo que también deben desestimarse las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, así como de incompetencia por ser competencia ratione materiae del proceso de amparo evaluar los casos en los que se alega la vulneración del derecho al trabajo por haber sido objeto de un despido arbitrario.

§. Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

2. El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resoluciones de Presidencia de Directorio N.os 34-2008-P-SBCH y 35-2008-P-SBCH, que lo contratan por servicios personales y disponen que se lo incluya en la planilla transitoria de remuneraciones; así como de la Resolución de Presidencia de Directorio N.º 105-2008-P-SBCH, que lo contrata bajo el régimen laboral especial previsto en el Decreto Legislativo N.º 1057.

Se alega en la demanda que las resoluciones administrativas contravendrían lo resuelto y ordenado por la sentencia constitucional de fecha 22 de enero de 2009, recaída en el Expediente N.º 2006-7115, pues en vez de cumplirla en sus propios términos y reponer al demandante como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, mediante las resoluciones administrativas la Sociedad emplazada ha dispuesto que reingrese inicialmente como trabajador a plazo determinado y posteriormente como trabajador administrativo de servicios.

3. Teniendo presentes los alegatos de la demanda, este Colegiado considera que debe evaluarse si las resoluciones administrativas cuestionadas afectan el derecho a la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales, pues según se alega en la demanda, la Sociedad emplazada no ha actuado conforme a lo ordenado en las sentencias recaídas en el Expediente N.º 2006-7115, pues no lo ha reincorporado al régimen laboral previsto en el Decreto Legislativo N.º 728.

Resulta importante destacar que la presente demanda tiene por finalidad controlar la eficaz ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales inferiores y recaídas en el Expediente N.º 2006-7115, pues no habrían sido ejecutadas en sus propios términos.

§. Análisis de la controversia

4. Para resolver la controversia planteada, resulta preciso examinar qué se evaluó, determinó y ordenó en las sentencias recaídas en el Expediente N.º 2006-7115, pues sólo así podrá analizarse si éstas han sido ejecutadas o no en sus propios términos por la Sociedad emplazada.

5. De fojas 2 a 6 obra la Sentencia N.º 20, de fecha 27 de octubre de 2008, expedida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo en el proceso de amparo recaído en el Expediente N.º 2006-7115, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el recurrente contra la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, ordenándole que lo reponga “en el puesto de mayor tiempo de servicios, con todas sus prerrogativas y beneficios, debiendo la demandada renovar el contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Asimismo, mediante la Sentencia N.º 62, de fecha 22 de enero de 2009, emitida en el proceso judicial de la referencia (ff. 7 a 8), la Sala Superior confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia.

Cabe señalar que en la parte considerativa y resolutiva de las referidas resoluciones judiciales se reconoce que el régimen laboral que corresponde aplicar al recurrente es el regulado por el Decreto Legislativo N.º 728, es decir, que únicamente puede ser repuesto como trabajador a plazo indeterminado.

6. Sin embargo, se ha acreditado en autos que inicialmente, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones de Presidencia de Directorio N.os 34-2008-P-SBCH y 35-2008-P-SBCH, de fechas 27 y 28 de febrero de 2008, respectivamente (ff. 9 a 16), y al contrato de trabajo de fecha 29 de febrero de 2008 (ff. 39 a 40), se procedió a contratar al recurrente mediante contrato de trabajo a plazo determinado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276, cuyo plazo de vencimiento era el 31 de diciembre de 2008. Y posteriormente se suscribió un contrato administrativo de servicios con fecha 2 de enero de 2009, el cual en su cláusula cuarta señala que el plazo de vencimiento es el 31 de marzo de 2009 (ff. 32 a 38).

7. De lo expuesto se advierte que la Sociedad emplazada no cumplió con lo ordenado en la sentencia de primera instancia, pues en vez de ejecutarla en sus propios términos y reponer al demandante como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N.º 728, procedió a contratar al recurrente bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N.º 1057 por el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2009 (ff. 32 a 38), lo que evidentemente conlleva la nulidad de la Resolución de Presidencia de Directorio Nº 105-2008-P-SBCH, que ordenó la contratación bajo ese régimen laboral especial, contraviniendo así lo dispuesto en la sentencia expedida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.

Es oportuno señalar que a la fecha se continúa produciendo la afectación de los derechos constitucionales del demandante, por cuanto la Sociedad emplazada se niega a cumplir con lo dispuesto en una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, pues no reconoce al demandante como trabajador a plazo indeterminado.

8. En efecto, en la etapa de ejecución de la sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada, recaída en el Expediente N.º 2006-7115, el demandante tenía que ser repuesto como trabajador sujeto al régimen laboral privado con un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y no como trabajador del régimen laboral público ni bajo los alcances de un contrato administrativo de servicios, por lo que al no haberse ejecutado la sentencia en sus propios términos, se han vulnerado los derechos del demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo.

Es por esta razón que cualquier decisión judicial que disponga o permita lo contrario, es decir, que el demandante no sea repuesto en la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral previsto por el Decreto Legislativo N.º 728, deviene en nula por contravenir la sentencia recaída en el Expediente N.º 2006-7115, razón por la que corresponde estimar la demanda y ordenar que se la ejecute en sus propios términos, reincorporando al demandante como trabajador a plazo indeterminado.

9. Sin perjuicio de lo antes expuesto, este Tribunal considera oportuno resaltar que en el presente caso no se está cuestionando la legalidad o no de la suscripción de los contratos administrativos de servicios, sino la ejecución en sus propios términos de la sentencia con calidad de cosa juzgada recaída en el Expediente N.º 2006-7115, que ordenó la reincorporación del demandante mediante un contrato de trabajo a plazo indeterminado conforme al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, y es por ello que no se evalúa la pretensión en el sentido de inaplicar el Decreto Legislativo N.º 1057 y el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración de los derechos a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo.

2. Ordenar a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo que contrate a don Elio Fernández Canario como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, en el plazo de dos días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.

3. Declarar INFUNDADAS las excepciones propuestas.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

VERGARA GOTELLI

URVIOLA HANI


EXP. N.° 00068-2010-PA/TC

LAMBAYEQUE

ELIO FERNÁNDEZ

CANARIO


VOTO DE LOS MAGISTRADOS BEAUMONT CALLIRGOS
Y URVIOLA HANI

Emitimos el presente voto sobre la base de las consideraciones siguientes:

FUNDAMENTOS

§. Cuestiones previas

La Procuradora Pública del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ha propuesto las excepciones de incompetencia, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Al respecto, consideramos que no corresponde amparar ninguna de las excepciones propuestas, por cuanto no resulta exigible el agotamiento de la vía administrativa al tratarse de un trabajador que se encontraba sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728 y al no estar previsto tal supuesto en el Reglamento Interno de Trabajo. Asimismo, del texto de la demanda se advierte que el demandante pretende la reposición en su puesto de trabajo, por lo que también deben desestimarse las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, así como de incompetencia por ser competencia ratione materiae del proceso de amparo evaluar los casos en los que se alega la vulneración del derecho al trabajo por haber sido objeto de un despido arbitrario.

§. Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda

2. El demandante pretende que se declare la nulidad de la Resoluciones de Presidencia de Directorio N.os 34-2008-P-SBCH y 35-2008-P-SBCH, que lo contratan por servicios personales y disponen que se lo incluya en la planilla transitoria de remuneraciones; así como de la Resolución de Presidencia de Directorio N.º 105-2008-P-SBCH, que lo contrata bajo el régimen laboral especial previsto en el Decreto Legislativo N.º 1057.

Se alega en la demanda que las resoluciones administrativas contravendrían lo resuelto y ordenado por la sentencia constitucional de fecha 22 de enero de 2009, recaída en el Expediente N.º 2006-7115, pues en vez de cumplirla en sus propios términos y reponer al demandante como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, mediante las resoluciones administrativas la Sociedad emplazada ha dispuesto que reingrese inicialmente como trabajador a plazo determinado y posteriormente como trabajador administrativo de servicios.

3. Teniendo presentes los alegatos de la demanda, consideramos que debe evaluarse si las resoluciones administrativas cuestionadas afectan el derecho a la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales, pues según se alega en la demanda, la Sociedad emplazada no ha actuado conforme a lo ordenado en las sentencias recaídas en el Expediente N.º 2006-7115, pues no lo ha reincorporado al régimen laboral previsto en el Decreto Legislativo N.º 728.

Resulta importante destacar que la presente demanda tiene por finalidad controlar la eficaz ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales inferiores y recaídas en el Expediente N.º 2006-7115, pues no habrían sido ejecutadas en sus propios términos.

§. Análisis de la controversia

4. Para resolver la controversia planteada, resulta preciso examinar qué se evaluó, determinó y ordenó en las sentencias recaídas en el Expediente N.º 2006-7115, pues sólo así podrá analizarse si éstas han sido ejecutadas o no en sus propios términos por la Sociedad emplazada.

5. De fojas 2 a 6 obra la Sentencia N.º 20, de fecha 27 de octubre de 2008, expedida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo en el proceso de amparo recaído en el Expediente N.º 2006-7115, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el recurrente contra la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo, ordenándole que lo reponga “en el puesto de mayor tiempo de servicios, con todas sus prerrogativas y beneficios, debiendo la demandada renovar el contrato de trabajo a plazo indeterminado”. Asimismo, mediante la Sentencia N.º 62, de fecha 22 de enero de 2009, emitida en el proceso judicial de la referencia (ff. 7 a 8), la Sala Superior confirmó lo resuelto por el juez de primera instancia.

Cabe señalar que en la parte considerativa y resolutiva de las referidas resoluciones judiciales se reconoce que el régimen laboral que corresponde aplicar al recurrente es el regulado por el Decreto Legislativo N.º 728, es decir, que únicamente puede ser repuesto como trabajador a plazo indeterminado.

6. Sin embargo, se ha acreditado en autos que inicialmente, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones de Presidencia de Directorio N.os 34-2008-P-SBCH y 35-2008-P-SBCH, de fechas 27 y 28 de febrero de 2008, respectivamente (ff. 9 a 16), y al contrato de trabajo de fecha 29 de febrero de 2008 (ff. 39 a 40), se procedió a contratar al recurrente mediante contrato de trabajo a plazo determinado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276, cuyo plazo de vencimiento era el 31 de diciembre de 2008. Y posteriormente se suscribió un contrato administrativo de servicios con fecha 2 de enero de 2009, el cual en su cláusula cuarta señala que el plazo de vencimiento es el 31 de marzo de 2009 (ff. 32 a 38).

7. De lo expuesto se advierte que la Sociedad emplazada no cumplió con lo ordenado en la sentencia de primera instancia, pues en vez de ejecutarla en sus propios términos y reponer al demandante como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N.º 728, procedió a contratar al recurrente bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N.º 1057 por el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo de 2009 (ff. 32 a 38), lo que evidentemente conlleva la nulidad de la Resolución de Presidencia de Directorio Nº 105-2008-P-SBCH, que ordenó la contratación bajo ese régimen laboral especial, contraviniendo así lo dispuesto en la sentencia expedida por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo.

Es oportuno señalar que a la fecha se continúa produciendo la afectación de los derechos constitucionales del demandante, por cuanto la Sociedad emplazada se niega a cumplir con lo dispuesto en una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, pues no reconoce al demandante como trabajador a plazo indeterminado.

8. En efecto, en la etapa de ejecución de la sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada, recaída en el Expediente N.º 2006-7115, el demandante tenía que ser repuesto como trabajador sujeto al régimen laboral privado con un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y no como trabajador del régimen laboral público ni bajo los alcances de un contrato administrativo de servicios, por lo que al no haberse ejecutado la sentencia en sus propios términos, se han vulnerado los derechos del demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo.

Es por esta razón que cualquier decisión judicial que disponga o permita lo contrario, es decir, que el demandante no sea repuesto en la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo como trabajador a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral previsto por el Decreto Legislativo N.º 728, deviene en nula por contravenir la sentencia recaída en el Expediente N.º 2006-7115, razón por la que corresponde estimar la demanda y ordenar que se la ejecute en sus propios términos, reincorporando al demandante como trabajador a plazo indeterminado.

9. Sin perjuicio de lo antes expuesto, consideramos oportuno resaltar que en el presente caso no se está cuestionando la legalidad o no de la suscripción de los contratos administrativos de servicios, sino la ejecución en sus propios términos de la sentencia con calidad de cosa juzgada recaída en el Expediente N.º 2006-7115, que ordenó la reincorporación del demandante mediante un contrato de trabajo a plazo indeterminado conforme al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, y es por ello que no se evalúa la pretensión en el sentido de inaplicar el Decreto Legislativo N.º 1057 y el Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM.

Por estas consideraciones, se debe declarar FUNDADA la demanda, porque se ha acreditado la vulneración de los derechos a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo.

En consecuencia, ordenar a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo que contrate a don Elio Fernández Canario como trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, en el plazo de dos días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22.º y 59.º del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.

Y declarar INFUNDADAS las excepciones propuestas.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

URVIOLA HANI

EXP. N.° 00068-2010-PA/TC

LAMBAYEQUE

ELIO FERNÁNDEZ

CANARIO

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO

ÁLVAREZ MIRANDA

Con el debido respeto por la opinión del ponente y del resto de mis colegas Magistrados expongo el presente voto singular por cuanto no suscribo ni lo argumentado, ni lo resuelto en el caso de autos.

1. En primer lugar estimo pertinente señalar que si bien el recurrente cuenta con un pronunciamiento judicial que ostenta el carácter de cosa juzgada, según el cual, la emplazada debió reponerlo en su puesto de trabajo; en principio, debió ser repuesto en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728.

2. Sin embargo, de lo actuado se aprecia que con posterioridad a la expedición de la Sentencia de fecha 22 de enero de 2009 el demandante suscribió voluntariamente con la emplazada un Contrato Administrativo de Servicios bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057. En todo caso, de lo actuado no se advierte que se haya viciado la voluntad del recurrente al suscribir dicho contrato.

3. En tal escenario, entiendo que tanto el demandante como la emplazada han suscrito un nuevo contrato, cuyas cláusulas obligan a ambas partes. Distinto hubiese sido que el recurrente se hubiera negado a suscribir el contrato administrativo de servicios que la emplazada le proporcionó amparándose en lo resuelto en la mencionada sentencia, en cuyo caso, correspondería reincorporarlo a plazo indeterminado.

Por tales consideraciones, mi VOTO es porque el recurso de agravio constitucional interpuesto sea declarado INFUNDADO.

S.

ÁLVAREZ MIRANDA

EXP. N.° 00068-2010-PA/TC

LAMBAYEQUE

ELIO FERNÁNDEZ

CANARIO


VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI

Emito el presente voto dirimente por las siguientes consideraciones:

1. En el presente caso el recurrente interpone demanda de amparo contra la Sociedad de Beneficia de Chiclayo y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, con la finalidad de que se disponga su reposición en el cargo que venía desempeñando, por considerar que se ha afectado sus derechos a la estabilidad laboral, a la irretroactividad de la norma y a la libertad sindical.

Refiere el demandante que un proceso amparo anterior (Exp. Nº 2006-7115) en el que denunció la afectación de su derecho al trabajo obtuvo decisión favorable (Resolucion de fecha 22 de enero de 2009), en la que se disponía la reposición del trabajador a plazo indeterminado sujeto al Regimen Laboral Nº 728. Señala que en presunto cumplimiento la Sociedad emplazada emitió la Resolución de Presidencia de Directorio Nº 34-2008-P-SBCH y 35-2008-P-SBCH, contratándolo bajo la modalidad de servicios personales y disponiendo que se le incluya en la planilla transitoria de remuneraciones. Asimismo expresa que se le contrató bajo el régimen laboral especial previsto en el Decreto Legislativo Nº 1057, por Resolución de Presidencia de Directorio Nº 105-2008-P-SBCH, contraviniendo así lo dispuesto en la sentencia de fecha 22 de enero de 2009, puesto que no está cumpliendo la decisión judicial en sus términos, ya que no se ha dispuesto su reincorporación como trabajador a plazo indeterminado.

2. En tal sentido lo que es materia de cuestionamiento es si la entidad emplazada ha ejecutado la sentencia emitida en otro proceso de amparo en sus términos o no.

3. Los Jueces Constitucionales Beaumont Callirgos y Urviola Hani, estiman la demanda considerando que se ha afectado el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y al trabajo, puesto que no se ha ejecutado la decisión emitida en el proceso de amparo anterior en sus propios términos, por lo que corresponde que se sea reincorporado como trabajador sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728.

4. Por otro lado el juez constitucional Álvarez Miranda desestima la demanda por infundada considerando que el recurrente fue contratado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, lo que significa que el recurrente ha aceptado las nuevas condiciones laborales establecidas por contrato.

La garantía jurisdiccional de la cosa juzgada

5. Los principios y derechos que informan la función jurisdiccional se encuentran principalmente enunciados en el artículo 139.º de la Constitución. Entre dichos principios y derechos que fundamentan el ejercicio de la función jurisdiccional , se reconoce el derecho que le asiste a toda persona sometida a un proceso judicial, a que no se deje sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (inciso 2.º).

6. En opinión del Tribunal Constitucional, mediante “el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó. (Cfr. 4587-2004-AA/TC).

7. No obstante, dicha disposición constitucional debe interpretarse, por efectos del principio de unidad de la Constitución, de conformidad con el inciso 3) del mismo artículo 139º de la Ley Fundamental. Por ello consideramos que “El derecho a la tutela jurisdiccional garantiza, entre otros aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea cumplida en sus términos. Como consecuencia de ello, se desprende, por un lado, un mandato de que las autoridades cumplan lo ordenado o declarado en ella en sus propios términos y, por otro, una prohibición de que cualquier autoridad, incluida la jurisdiccional, deje sin efecto las sentencias y, en general, resoluciones que ostentan la calidad de cosa juzgada (art. 139º, inc. 2, Const.)” [Cfr. 1569-2006-AA/TC, Fundamento 4].

8. En este orden de ideas el precepto en mención le otorga al fallo judicial calidad indiscutible, ya que constituye decisión final, a la par que proporciona la certeza de que su contenido permanecerá inalterable, independientemente de que el pronunciamiento expedido haya sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción. De ahí que el derecho a la cosa juzgada guarde íntima relación con la ejecución de las resoluciones judiciales firmes.

Ejecución de resoluciones judiciales y tutela judicial efectiva

9. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales es una de las expresiones de la tutela procesal efectiva. Así, el tercer párrafo del artículo 4.° del Código Procesal Constitucional precisa: “se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respeten, de modo enunciativo, su[s] derechos a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales (...)”.

10. La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional -por su parte- ha comprendido que el derecho a la ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela judicial. En efecto, en las Sentencias 0015-2001-AI, 0016-2001-AI y 004-2002-AI este Colegiado ha dejado establecido que “el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido” [Fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento, hemos precisado en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC, fundamento 64).

En el caso concreto

11. En el presente caso tenemos que en el proceso de amparo anterior (Exp. Nº 2006-7115) en el que el demandante solicitó la reincorporación a su centro de trabajo como trabajador a plazo indeterminado, obtuvo decisión favorable en primera instancia (Resolución de fecha 27 de octubre de 2008), siendo confirmada por Resolución de fecha 22 de enero de 2009, en la que se disponía expresamente que se le reponga al recurrente “en el puesto de mayor tiempo de servicios con todas sus prerrogativas y beneficios, debiendo la demandada renovar el contrato de trabajo a plazo indeterminado” (subrayado agregado). En tal sentido tenemos que la resolución judicial que constituye cosa juzgada expresamente dispuso la reincorporación del recurrente como trabajador a plazo indeterminado, no pudiéndose modificar tal decisión judicial.

12. En presunto cumplimiento la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo emite las Resoluciones de Presidencia de Directorio Nsº 34-2008-P-SBCH y 35-2008-P-SBCH, contratándolo bajo la modalidad de servicios personales y disponiendo que se le incluya en la planilla transitoria de remuneraciones; así como también contratándolo bajo el régimen laboral especial previsto en el Decreto Legislativo Nº 1057. Es decir el recurrente no fue repuesto como trabajador a plazo indeterminado como lo exigió la decisión judicial que tiene calidad de cosa juzgada, afectándose el derecho del recurrente a la efectividad de las resoluciones judiciales, razón por la que corresponde la estimación de la demanda.

Por las razones expuestas mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo propuesta, debiendose reincorporar al trabajador sujeto al regimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728.

Sr.

VERGARA GOTELLI
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viernes, 4 de noviembre de 2011

ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN: PODER JUDICIAL, FISCALÍA Y CONTRALORÍA SUSCRIBEN CONVENIO

Los titulares del Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República, César San Martín, José Peláez Bardales y Fuad Khoury, respectivamente, suscribieron un convenio marco tripartito de cooperación interinstitucional a fin de fortalecer su compromiso de lucha contra la corrupción.

Mediante este acuerdo se busca promover y desarrollar una acción interinstitucional articulada que permita afianzar el proceso de armonización de políticas públicas referidas a la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción.
Una de las principales líneas de trabajo será la constitución de una red interinstitucional de comunicación e información que facilite el acceso a los sistemas de datos de las tres instituciones que contengan sentencias, denuncias e informes especiales respecto al tratamiento de los delitos contra la administración pública o sobre responsabilidad civil de funcionarios.
Se pretende además establecer protocolos para el acceso a los sistemas de información que identifique personas involucradas en acciones de control, denuncias interpuestas por el Ministerio Público y procesos judiciales en giro.

Recursos públicos


En su intervención, San Martín Castro expresó que este convenio demuestra que es posible coordinar entre varias instituciones, y que si hay una política de Estado que debe funcionar de modo rápido y eficiente es la anticorrupción.
Indicó que no se trata de "perseguir por perseguir" sino de cuidar mejor los recursos que pertenecen a todos, y que quienes incurran en ilicitudes tienen la obligación de responder por sus conductas.
Remarcó que las tres instituciones firmantes del convenio están obligadas a hacer pagar a quien afecta el interés patrimonial del Estado, y confió en que lograrán que la corrupción ceda.
Por su parte, el contralor, Fuad Khoury, y el fiscal de la Nación, José Peláez, coincidieron en que la suscripción de este acuerdo representa una nueva etapa en la articulación de un trabajo conjunto para luchar contra la corrupción.
En este contexto, ambas autoridades remarcaron que un primer paso de este compromiso se dio en mayo pasado con la suscripción de una declaración entre las autoridades de las tres instituciones, conscientes del desarrollo del país y de la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación para la prevención, detección, juzgamiento y sanción de estos actos.

Reducirán carga procesal


El Poder Judicial resolverá en 2012 un total de un millón 481 mil expedientes, que representa un 26% más de lo proyectado para 2011, anunció su titular, César San Martín, durante la sustentación del presupuesto de este poder del Estado ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Explicó además que esperan avanzar con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en 6 distritos judiciales, así como poner en vigencia la nueva Ley procesal del trabajo en las cortes de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao. Prevén también afianzar la seguridad ciudadana con más juzgados en comisarías, entre otras.

Proyectos


La actual gestión del PJ labora sobre cinco objetivos identificados: acercar la información al ciudadano, consolidación de una filosofía ética y transparente de todos los operadores del quehacer jurisdiccional, la aplicación de nuevas tecnologías para avanzar en la modernización, impartición de una justicia célere y de calidad, e inclusión social con el fortalecimiento de la justicia de paz.
El presupuesto del PJ consensuado con el Poder Ejecutivo para 2012 asciende a S/. 1,444 millones.
Sin embargo, la judicatura pidió al Congreso un monto adicional cercano a S/. 300 mllns., para reforzar los rubros de inversiones, seguridad, lucha contra la corrupción y capacitación en la Amag.

 

FUENTE:

http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=Xg/DnS2B1Q4=

Fecha:DIARIO OFICIAL EL PERUANO 04/11/2011

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jueves, 6 de octubre de 2011

TRAMITES DE ANTECEDENTES PENALES VIA WEB

Los ciudadanos que necesiten este documento podrán solicitarlo en el portal del Poder Judicial. Funcionará primero en Lima y luego en provincias.

El Poder Judicial (PJ) puso hoy en funcionamiento el trámite del Certificado de Antecedentes Penales (CAP) en Línea, que podrá realizarse vía internet desde el domicilio, oficina o cualquier cabina pública, para así dar mayores facilidades a los ciudadanos en el acceso a los servicios judiciales.

antecedentes

 

Durante la ceremonia de inauguración del servicio, el presidente del PJ, César San Martín, refirió que se trata de un producto que se pone a disposición de la ciudadanía, en el marco de una política institucional orientada a garantizar el máximo de transparencia y acceso a la información de los usuarios del servicio de justicia.

Manifestó que se busca brindar a los ciudadanos las mayores facilidades con el uso de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para evitar que pierdan tiempo innecesariamente.

Anunció, además, que se están realizando las gestiones necesarias con los directivos del Banco de la Nación para que el recojo del CAP se realice el mismo día en las oficinas de dicha entidad bancaria.

Por su parte, el gerente general del PJ, Mario Huerta Rodríguez, resaltó que este producto es totalmente seguro y que estará disponible los siete días de la semana durante las 24 horas, primero en Lima y, en un plazo máximo de un mes, en todo el país.

¿Pero cómo funciona este servicio?

- Los ciudadanos mayores de edad que cuenten con DNI y que necesiten este documento deberán pagar la tasa correspondiente en el Banco de la Nación.

- Una vez efectuado el abono, el usuario deberá acceder al link de Antecedentes Penales en línea, ubicado en el portal institucional del Poder Judicial.

- Previa aceptación de los términos de uso del servicio, el usuario registrará los datos del comprobante de pago en el módulo web para su respectiva validación.

- De inmediato aparecerá una relación de oficinas y sus direcciones, de las cuales el usuario deberá elegir una para el recojo del documento.

- Finalmente, el módulo mostrará la recopilación de datos de la solicitud y pedirá al usuario la conformidad del trámite, luego de lo cual podrá imprimir la constancia correspondiente.

-Al siguiente día útil, el usuario acudirá a la oficina elegida. Deberá presentar la constancia de trámite web, original y copia de su DNI, y comprobante de pago para el recojo del certificado correspondiente.

FUENTE:

http://peru21.pe/noticia/1313421/antecedentes-penales-se-tramitara-via-web

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martes, 4 de octubre de 2011

PROCESO DE HABEAS CORPUS NO PUEDE SERVIR PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PROCESADOS NI VALORAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE SE ACREDITARÍA O NO ESTA RESPONSABILIDAD

El Tribunal Constitucional reafirmó que el proceso de hábeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal de los procesados, ni valorar las pruebas con las que se acreditarían o no su responsabilidad. Así lo precisó al declarar infundada la demanda del Expediente Nº 01960-2011-PHC/TC, a favor de Luis Humberto Arroyo Rojas, alegando la vulneración de los derechos al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

El Colegiado señala que los argumentos expuestos en la demanda, con los que se cuestiona el testimonio de una testigo, supuestamente dado bajo presión, y el posterior cambio de versión; así como el que las pesquisas realizadas por la policía fueron manipuladas, constituyen argumentos orientados a desvirtuar las pruebas que acreditarían la supuesta participación del favorecido en el delito imputado y que deben dilucidarse exclusivamente en el proceso penal.

De conformidad con el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales, se estable como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal.

Desde esta perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto por el acotado Código, que regula la estructura del auto de apertura  de instrucción, el Tribunal Constitucional  aprecia que el auto apertorio de instrucción del 12 de octubre del 2010, obrante  en el expediente judicial, sí se adecúa en rigor, a lo que estipulan tanto la Constitución como la Ley procesal penal citada.

El Tribunal, señala que de la exposición de los hechos se advierte la descripción fáctica del evento delictuoso y la vinculación del favorecido con la comisión del  ilícito; es decir, se le acusa al favorecido de ser autor intelectual del atentado en contra de Ezequiel Dionisio Nolasco Campos por un móvil político, por las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional de Ancash, conforme a la declaración de la testigo, la propia declaración del agraviado que lo acusa de ser autor intelectual del atentado en su contra y las llamadas que desde su celular habría realizado.

Además, debe tenerse en cuenta que la finalidad del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos y el análisis de las pruebas, que sí se reclama en una sentencia, que es el momento en el que recién se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado un intensa investigación y de haber actuado las pruebas presentadas por las partes.

Lima, 04 de octubre de 2011
Nota de Prensa Nº 411-2011-OII/TC
FUENTE:

TEXTO DE LA SENTENCIA

EXP. N.° 01960-2011-PHC/TC
SANTA
HERIBERTO MANUEL BENITES
RIVAS A FAVOR DE LUIS HUMBERTO
ARROYO ROJAS
           
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 21 días del mes de setiembre de 2011, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Humberto Arroyo Rojas contra la resolución expedida porla Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Santa, de fojas 1288, su fecha 28 de marzo del 2011, que declaróinfundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de noviembre del 2010, don Heriberto Manuel Benites Rivas interpone demanda de hábeas corpus a favor de don Luis Humberto Arroyo Rojas contra el juez del Juzgado Penal Especializado de Nuevo Chimbote, Jhonny Walter Quispe Cuba, alegando la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

El recurrente solicita que se declare nulo y sin efecto jurídico el auto de apertura de instrucción de fecha 12 de octubre del 2010, por el que se abre instrucción contra el favorecido y otros por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en grado de tentativa acabada o delito frustrado, Expediente N.º 000598-2010-0-2506-JR-PE-01, en el que se dictó mandato de comparecencia restringida, lo cual implica una restricción a su derecho a la libertad individual, sin que exista indicio ni elemento probatorio que permita judicializar el tema. Añade el recurrente que el cuestionado auto apertorio no contiene una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles y del material probatorio en que se fundamentan, ni la relación entre la conducta del procesado y el hecho punible; tratándose en realidad de una acusación genérica e impersonalizada, por lo que debe archivarse definitivamente el proceso penal contra el favorecido.     

A fojas 502 obra la declaración del favorecido quien se ratifica en todos los extremos de la demanda y también refiere que se han actuado una serie de pruebas que confirman que el auto apertorio es arbitrario y que amenaza su libertad individual, como la declaración de Hilda Soledad Saldarriaga Bracamonte, quien ha manifestado que no lo conoce y que dio su declaración policial bajo presión y amenaza. Asimismo refiere que el testimonio de la senora Saldarriaga corresponde a la de un testigo indirecto y que no se ha tomado en cuenta la versión del menor P.J.O.R, testigo presencial de los hechos.

A fojas 504 obra la declaración del juez emplazado, en la que señala que el auto apertorio cuestionado se encuentra debidamente motivado, y que el mandato de comparecencia restringida no amenaza su libertad; asimismo, manifiestó que contra este mandato se interpuso recurso de apelación que se encuentra pendiente de resolver. Agrega que el beneficiario ha rendido su instructiva con todas las garantías de la ley; que todas las diligencias ordenadas en el auto apertorio se vienen realizando ante la presencia del Fiscal, incluidas las testimoniales, y que se ha dado el trámite correspondiente a la solicitud de la defensa del favorecido para la actuación de una serie de diligencias.

El Procurador Público Adjunto de la Procuraduría del Poder Judicial contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente arguyendo que el auto apertorio cuestionado se encuentra debidamente motivado y que se ha dictado contra el favorecido mandato de comparecencia restringida.

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Chimbote con fecha 26 de enero del 2011, declara improcedente la demanda considerando que el mandato de comparecencia  ha sido apelado y se encuentra pendiente de resolución; que el auto cuestionado sí se encuentra motivado, y que en este proceso no se puede determinar si existe responsabilidad o no del favorecido respecto de los delitos imputados.

 La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Santa revoca la apelada y declara infundada la demanda estimando que las irregularidades que se hubieran presentado en la investigación preliminar deben ser cuestionadas en el proceso penal; que el auto cuestionado se encuentra debidamente motivado; que el mandato de comparecencia restringido ha sido dictado conforme a ley y que se encuentra pendiente de resolver la apelación.  

FUNDAMENTOS

1.      El objeto de la demanda es que se declare nulo y sin efecto jurídico el auto de apertura de instrucción de fecha 12 de octubre del 2010, por el que se abre instrucción contra don Luis Humberto Arroyo Rojas y otros por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en grado de tentativa acabada o delito frustrado y la nulidad de todo lo actuado en el Proceso Penal, N.º 000598-2010-0-2506-JR-PE-01. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

2.       El Tribunal Constitucional ya ha señalado en forma reiterada que el proceso de hábeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal de los procesados, ni valorar las pruebas con las que se acreditarían o no su responsabilidad. En ese sentido, los argumentos expuestos en la demanda, con los que se cuestiona el testimonio de una testigo –supuestamente dado bajo presión–, y el posterior cambio de versión; así como el que las pesquisas realizadas por la policía fueron manipuladas, constituyen argumentos orientados a desvirtuar las pruebas que acreditarían la supuesta participación del favorecido en el delito imputado y que deben dilucidarse exclusivamente en el proceso penal, siendo de aplicación en este extremo el artículo 5º, inciso 1), del Código Procesal Constitucional.

3.      La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45º y 138º de la Constitución Política del Perú) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Sin embargo, “(...) la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión (Expediente N.º 1230-2002-HC/TC, fundamento 11)”.

4.      El artículo 77° del Código de Procedimientos Penales establece como requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculpados y que la acción penal no haya prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal.

5.      Desde esta perspectiva constitucional y a tenor de lo dispuesto en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, que regula la estructura del auto de apertura de instrucción, este Colegiado aprecia que el Auto Apertorio de Instrucción de fecha 12 de octubre del 2010, obrante a fojas 526 de autos, sí se adecua en rigor a lo que estipulan tanto la Constitucióncomo la ley procesal penal citada, ya que de los hechos expuestos en el Considerando Primero se advierte la descripción fáctica del evento delictuoso y la vinculación del favorecido con la comisión del ilícito; es decir, se le acusa al favorecido de ser autor intelectual del atentado en contra de don Ezequiel Dionisio Nolasco Campos por un móvil político, por las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional de Áncash, conforme a la declaración de la testigo Saldarriaga Bracamonte, la propia declaración del agraviado que lo acusa de ser autor intelectual del atentado en su contra  y las llamadas que desde su celular habría realizado.

6.      Además, debe tomarse en cuenta que la finalidad del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos y el análisis de las pruebas que sí se reclama en una sentencia, que es el momento en el que recién se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas presentadas por las partes.

7.      Por consiguiente; es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 2º del Código Procesal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1.        Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de lo señalado en el fundamento 2; y,

2.        Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos al debido proceso, debida motivación de las resoluciones judiciales y libertad individual.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN

FUENTE:


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